Menos PANI, menos universidades, más violencia social

Menos PANI, menos universidades, más violencia social

Marcos Chinchilla Montes

Sería a finales de los 80 o principios de los 90. Telenoticias cubría en vivo un incidente masivo de violencia en una de las comunidades urbano marginales de Pavas. Mientras el contingente policial iba ingresando a la comunidad, un periodista abordó a uno de los policías y le consultó cuándo se resolvería el conflicto, el policía le respondió con una brillantez para mi inesperada: cuando se acabe la pobreza.

No sé si luego de eso habrán despedido al policía, pero su lectura del conflicto social reflejaba la inequívoca relación entre exclusión social y violencia social.

Pocos años después (1994), en una entrevista que le realizó Pilar Cisneros a Rafael Angel Guillén cuando se aprestaba a dejar la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, éste brindó una serie de recomendaciones para enfrentar la creciente violencia social que ya experimentaba el país, entre ellas la prevención.

A propósito del asesinato múltiple que ocurrió recientemente en Cieneguita de Limón, Jorge Chavarría, Fiscal General de la República, se expresó en términos similares, prevención; dejando entrever que los cuerpos policiales serán siempre insuficientes.

El año pasado, mientras me desempeñaba como docente en la Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica en Limón, escuché en más de una ocasión a personas que aplaudían el trabajo de “macho coca” en la zona. De poco valía recordarles que Pablo Escobar había sido endiosado en su natal Medellín por similares prácticas, y que incluso hoy en día para muchas personas es casi un santo.

Y no es complicado entenderlo, ante la omisión, desplazamiento o ausencia del Estado, otros grupos lo van a remplazar, y tejerán sin mayor problema sus redes delincuenciales para reproducirse y mantenerse en el poder, y para ello es vital el apoyo de las personas que se ven beneficiadas por sus actividades económicas.

Esa omisión, desplazamiento y ausencia del Estado tiene un nombre, neoliberalismo; si, el que nos impusieron desde inicio de los años 80: el que privatiza nuestras instituciones, el que hace negocios con la salud, la educación, la vivienda, la cultura, las telecomunicaciones, el que sume en la miseria a miles de costarricenses violentándole sus más elementales derechos.

En esas barriadas urbano marginales, donde la exclusión social reina e incluso hay que pedir permiso para ingresar, se encuentra uno con niños que el sistema social les impuso como proyectos de vida el convertirse en narcos, sicarios e integrantes de pandillas…, las generaciones de remplazo de quienes actualmente comandan la violencia social. Lo mismo que se presenta en El Salvador o México, jóvenes que saben que no vivirán más de 25 años y que deben vivir la vida de manera intensa antes de que sus rivales o la policía los asesinen.

Reporta el diario La Nación (19 de octubre) que los diputados de la alianza opositora de la comisión de hacendarios (neoliberales y cristianos conservadores), aprobaron un recorte de ¢47.831 millones del presupuesto del PANI para reorientarlo a los cuerpos policiales. En una línea similar se piensa hacer recortes presupuestarios que afectarían la educación superior pública.

La explicación de fondo es aún más preocupante, los diputados opositores se han opuesto recurrentemente a grabar las ganancias de los grandes capitales (a los que representan), y optan por intentar recortar la seguridad social.

La brillantez del policía que destaqué al inicio de este texto, dista mucho de la de los diputados de la alianza opositora. Reducir la inversión en la niñez y adolescencia, no solo implicará pauperizar la calidad de vida de esta población (condenarla a la miseria, a la explotación, al trabajo infantil a los malos tratos, a la reducción de la seguridad y protección institucional), sino que también fomenta condiciones para empujar a más personas a desarrollarse en escenarios de violencia social.

Reducir la inversión para que se alcance el derecho a la educación superior, necesariamente implicará menor movilidad social para cientos de estudiantes que no lograrán entrar a la universidad pública, menos investigación y menos acción social que atienda las necesidades del país (recordemos que el derecho a la educación universitaria se convierte en un negocio para los empresarios de la educación).

El aumento de los cuerpos policiales es una panacea que debe discutirse reposadamente. ¿Será la estrategia represiva la correcta para enfrentar la violencia social? ¿Será mejor invertir en sistemas de inteligencia que anticipen la criminalidad? ¿Retomamos la inversión en seguridad y   distribución social como mecanismo que garantice la equidad social, la calidad de vida y la movilidad social?

Lo cierto desde mi lectura, es que no podemos apostar por la contratación de más policías, a costa de reducir las oportunidades sociales que generan instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia o las universidades públicas.